DEFENSA CONTRA LOS FONDOS "BUITRE"

Planteamiento de la cuestión

 

Nos estamos refiriendo a los casos en los que Usted haya recibido una comunicación por parte de una sociedad hasta la fecha desconocida, en la que le informan de que el crédito que tenía concercatado con su Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de crédito ha sido cedido a esa ignorada empresa, a raíz de una operación de compraventa de su cartera de créditos, reclamándole al mismo tiempo el saldo pendiente deudor.

 

Asimismo, puede tener constancia de dicha venta de su crédito en el seno de un procedimiento judicial en curso en el que su Banco le estaba reclamando dicho crédito que en su día resultó impagado, y en el que la sociedad compradora de su crédito pasa a ocupar la posición procesal que venía ostenado hasta la fecha su Banco.

 

En este último caso, también nos encontramos con los supuestos en los que en un procedimiento de ejecución hipotecaria instado inicialmente por su Banco, y en el que este último se ha adjudicado el bien inmueble hipotecado por el 50 % de su valor de tasación o el 70 % del mismo valor (si se trató de su vivienda habitual), pero aún queda pendiente de abonar más cantidad por el principal de la deuda reclamada, pudiendo continuar dicho proceso de ejecución hipotecaria para el cobro de dicho sobrante contra el resto y la totalidad de su patrimonio. Muchas veces, tras la adquisción del inmueble por el Banco hipotecario (Decreto de adjudicación), aparece una nueva sociedad que previa la compra de ese crédito que falta por abonar viene a ocupar la posición de parte ejecutante.

 

Entre otras empresas que han procedido a la compra de esas carteras de créditos de los Bancos, de dudoso o difícil cobro, se encuentran, las sociedades de nacionalidad luxemburguesa, PL SALVADOR SARL, AXACTOR CAPITAL LUXEMBOURG, S.A.R.L., DSSV, S.A.R.L. y la entidad PROMONTORIA HOLFING 51, BV, y PROMONTORIA ALOE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, de nacionalidad irlandesa, etc, quienes, a su vez, han encomendado la gestión judicial o extrajudicial de dichos créditos a empresas españolas dedicadas a tal fin, que cuentan con su equipo de gestores y abogados para que sean abonados dichos créditos. 

 

A este respecto, le recomendamos la lectura de las siguientes noticias publicadas:

 

- ¿Qué es un fondo "buitre"?, de Wikipedia.

 

- "La banca vende créditos con hasta el 98% de descuento a 'fondos buitre'", diario Cinco Días.

 

- "Los buitres no negocian: los créditos revendidos a grandes fondos dispararán las ejecuciones", eldiario.es.

 

 

 

Un caso en particular: cesión de créditos entre CAIXABANK, S.A. y PL SALVADOR SARL.

 

- En fecha 3 de julio de 2014, se elevó a escritura pública un contrato de compraventa en documento privado por el que CAIXABANK, S.A. cedía a la sociedad PL SALVADOR SARL una cartera de créditos con un “saldo impagado por principal” (UPB”) de casi MIL MILLONES DE EUROS, en concreto, 962.827.896,52 euros, por el precio de 64.486.047,31 euros, es decir, ni por su 10 % (exactamente, por su 6,70 %), por lo que ya podrá Usted imaginar o llegar a presumir el precio que abonó la empresa cesionaria por su crédito.

 

- La sociedad PL SALVADOR SARL, es de nacionalidad luxemburguesa, no obstante, sus 4 administradores sociales son de nacionalidad británica. Según la AEAT y el Gobierno de España por RD 1080/1991, de 15 de julio, el Gran Ducado de Luxemburgo, en lo relativo a las rentas percibidas por las sociedades es considerado como un paraíso fiscal.

 

-  De los 31.742 créditos vendidos, se dividieron en 3 subcarteras:

 

  • Amberes: 4.555 créditos, con un UPB de 146.671.423,96 €, y por un precio de compra de 11.191.029,65 €.
  • Brujas: 26.604 créditos, con un UPB de 744.966.384,32 €, y por un precio de compra de 48.646.304,90 €.
  • Gante: 583 créditos, con un UPB de 71.190.088,24 € y por un precio de compra de 4.648.712,76 €.

 

- En un procedimiento de ejecución judicial de una póliza de fianza suscrita en su día entre dicho Banco y dos empresas españolas, iniciado por aquél, se reclama por principal unos 63.000 euros, más su 30 % presupuestados paea intereses y costas procesales.

 

- A raíz de dicha operación de venta de la cartera de créditos que tenía el Banco, la sociedad PL SALVADOR SARL se subroga en la posición procesal del Banco como ejecutante, e inicia todos los trámites y actuaciones necesarias para el embargo judicial del patrimonio de las dos sociedades españolas deudoras-ejecutadas, obteniendo dicha traba de casi la totalidad de dicho patrimonio (saldos en cuentas bancarias, bienes inmuebles, devoluciones de Hacienda, etc).

 

- Las empresas ejecutadas solicitan al Juzgado se le requiera a la ejecutante PL SALVADOR SARL para que aporte la escritura pública de compraventa de su crédito, así como el contrato privado de compraventa suscrito entre el Banco y aquélla cesionaria, a los efectos de poder conocer el precio exacto y concreto por el que se compró dicho crédito y poder así ejercitar su facultad o derecho de recompra o retracto previsto en el artículo 1.535 de nuestro Código Civil, que permite al deudor comprar su crédito y extinguirlo, abonando a PL SALVADOR el mismo precio por el que lo compró, más sus intereses legales y costas procesales.

 

- Tras haberle dirigido el Juzgado hasta tres requerimientos especiales y concretos a PL SALVADOR SARL para que aportasen dicha escritura y compraventa, sin que ninguno de ellos fuese cumplimentado totalmente por la nueva ejecutante, el Juzgado finalmente acordó mediante Decreto la terminación del procedimiento de ejecución, con el alzamiento de todos los embargos acordados contra los bienes y derechos de las dos empresas ejecutadas, en base el incumplimiento reiterado de los requerimientos que le dirigió el Juzgado a PL SALVADOR SARL para que aportase los documentos interesados para poder conocer el precio exacto y concreto por la compra del crédito que se estaba ejecutando.

 

- Curiosamente no fue por la vía judicial, sino extrajudicial, cuando las dos empresas ejecutadas (deudoras de PL SALVADOR SARL) obtuvieron la información no facilitada por esta última, y así una vez que dispusieron de la copia simple íntegra de la operación de venta de su concreto crédito, dedujeron los siguientes datos:

 

  • Que se crédito estaba incluido en una de las tres subcarteras en las que se dividió la cartera de créditos vendida por el Banco (de los 31.742 créditos cedidos).
  • Que el Banco lo cedió con un saldo impagado por principal de 52.613,86 € (el llamado, "UPB": unpaid principal balance), pese a que en el proceso de ejecución judicial se despachó ejecución dineraria por una cantidad por principal mayor.
  • Y, por último, pero lo más trascendente, y con absoluta sorpresa e indignación para las dos empresas deudoras, se pudo averiguar que el precio que pagó PL SALVADOR SARL por la compra del particular crédito reclamado fue de 3.435,68 euros, esto es, por el 6,5 % de su UPB.

 

- Una vez que las empresas deudoras tuvieron conocimiento del particular precio de su crédito, procediero en el plazo de 9 días que marca el artículo 1.535 del CC a la consignación judicial de dicho precio (los 3.435,68 €), ejercitando así su derecho o facultad de retraer el mismo abonando a PL SALVADOR SARL el precio que había satisfecho al Banco por su cesión, para así conseguir la declaración judicial de extinción del crédito ejecutado y terminación y archivo del proceso judicial en curso.

 

- Finalmente, pese a que fue anunciado por PL SALVADOR, no se interpuso recurso de apelación contra el mencionado Decreto, lo que se tradujo en la definitiva y firme terminación y archivo del procedimiento.

 

Confiamos que sirva la exposición de este caso en particular para su divulgación social, ante un claro ejemplo de especulación de créditos por compradores a bajo coste, así como para instar a los particulares y empresarios que se encuentren en idéntica o similar situación para que no desistan en su empeño de ejercitar eficazmente sus derechos ante los órganos judiciales de nuestro país, dado que el artículo 1.535 de nuestro Código civil tiene una razón de ser, la "causa humanitatis" y en favor del deudor, sin olvidar que los Bancos que han procedido a la venta de sus carteras de créditos de difícil o dudoso cobro fueron ayudados en su regularización de activos y contable por parte de las autoridades nacionales e internacionales (véase, el fondo FROB de la Unión Europea) a través de líneas de financiación oficial a su vez nutridas con los ingresos procedentes de los tributos e impuestos pagados por los ciudadanos españoles y europeos:

 

  • El origen del citado artículo se encuentra en el Código civil francés, cuya disposición se diría «contra esos hombres ávidos de los bienes ajenos, que compran acciones o procesos para vejar al tercero o enriquecerse a sus expensas».
  • Para DIÉZ PICAZO Y GULLÓN «Es llamado tradicionalmente “retracto de créditos litigiosos”, instrumentado para luchar contra los especuladores de crédito, que acostumbran a adquirirlos a bajo precio para lucrarse a costa del deudor» ( vid. , DÍEZ PICAZO, L. y GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil , vol. II, Madrid, 2001, pág. 240).
  • CASTÁN también apuntaba, expresivamente: «La experiencia ha creado una desconfianza, ya tradicional, contra los compradores de créditos litigiosos, que acostumbran a especular con el litigio comprando a bajo precio los derechos discutidos y persiguiendo después con saña al deudor» ( vid. , CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho Civil Español, Común y Foral , t. III, Madrid, 1974, pág. 312).
  • En fin, se ha resumido el fundamento de la figura «en razones de equidad que justifican la extinción de los pleitos a que los créditos dan lugar, dando preferencia a los intereses del deudor sobre los del calificado como odioso comprador del crédito litigioso» ( vid. , ALBÁRCAR LÓPEZ, J. L., Código Civil. Doctrina y jurisprudencia , t. V, Madrid, 1991, pág. 501).

 

 

Si Usted se encuentra sometido a una reclamación de un crédito por parte de alguna de las empresas antes citadas, o de otras de las denominadas fondos "buitre", le aconsejamos que no se quede quieto, opóngase con fundamento, y para ello este despacho se encuentra a su completa disposición para analizar su situación de forma gratuita, previo envío de la documentación pertinente, y en el caso de que se pudiese plantear una defensa eficaz contra la reclamación efectuada por dichos fondos acreedores, le emitiremos presupuesto de honorarios sin coste, ni compromiso alguno para Usted.

 


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